El multimillonario cementerio de la obra pública pone en jaque a Kicillof

Es una manera de llegar al Pacto de Mayo con mayor músculo político a cambio de reactivar en las provincias parte de la obra pública que está hoy paralizada. Por estas horas, ese cementerio vital para los mandatarios provinciales tiene que ver con 1700 proyectos paralizados por un valor de 500 millones de dólares invertidos. 

En este contexto, el más complicado es Axel Kicillof,  que se queda solo en medio de una inmensa isla como la provincia de Buenos Aires, porque se niega a firmar el Pacto de Mayo y a darle apoyo a la Ley Base. No sólo no recibirá  recurso alguno por parte del gobierno central, sino que los intendentes lo están presionando reclamando obras para tener algo que mostrar frente al próximo año electoral. Además, al gobernador le bajó sensiblemente la recaudación por el impuestazo que llevó a cabo. La  gente no paga, sobre todo en el conurbano y tuvo que pausar las mejoras a los gremios provinciales porque debe hacer frente al medio aguinaldo en Julio con la soga al cuello. 

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, graficó la situación y aseveró que el Presidente "le está sacando un billón de pesos a la provincia de Buenos Aires de manera arbitraria".

En el contexto general, hay escuelas, hospitales y centros para niños vulnerables que la gestión de Alberto Fernández debió terminar y hoy están paralizados con un signo de interrogación.

La decisión de Javier Milei de llevar a cero el financiamiento para los proyectos que quedaron en ejecución hace que sean miles las construcciones frenadas. Hoy son muchos los gobernadores que quieren pasar la gorra para recuperar esta fuente de recursos que tanto derrama en las economías provinciales y les suma votos.

En esa dirección, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) alertó que desde el 31 de diciembre de 2023 se perdieron en el sector más de 100 mil puestos de trabajo,debido a los despidos masivos y la interminable negociación con las cámaras empresariales en busca de un aumento salarial.

Las fuentes indicaron que ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los Organismos Internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido, se produjo esta situación tan extremadamente seria.

Las provincias provincias más chicas, muy dependientes de las obras de viviendas sociales y otras son las más afectadas. En la lista están: Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero, mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos impacto como CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán.

Estas obras privadas que amortiguaron la caída son proyectos en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no se ven otros de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización.

En otro ámbito, recalcan desde el gremio la gravedad en el impacto que esto produce en la Obra Social Construir Salud dado que pierde más de un 20% de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones que el algunos casos superan el 200%, con el agravante que todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días. Desde el propio gremio se está apoyando a la obra social para poder mantener su sustentabilidad.

La provincia de Buenos Aires, por su enorme extensión, es una de las más perjudicadas. El gobernador Kicillof destacó que “en todo el país vemos obras paralizadas como consecuencia del recorte y el ajuste del Gobierno nacional”.

Kicillof describió ese comportamiento como “acciones que hablan de un nivel de insensibilidad y desconocimiento que alarman porque significan menos oportunidades de crecimiento para la gente" y, como contraposición, se comprometió a continuar reclamando para que la Nación devuelva “los fondos que nos quitaron ilegalmente y para que finalicen todas las obras que están en marcha”.

“Si no las quieren terminar, entonces que las transfieran a la provincia, donde siempre tendremos la vocación de trabajar para dar respuestas a las necesidades de los bonaerenses", lanzó el mandatario provincial en la continuidad de un reclamo que viene marcando el pulso de la relación entre la administración nacional y la gestión que encabeza en Buenos Aires.

El clamor por las obras representa además uno de los mayores reclamos que el gobernador recibe por parte de los intendentes, que ven cómo el recorte nacional impacta en cada uno de sus distritos, obligando a las administraciones locales a buscar alternativas para llevar adelante sus gestiones. Claro que, tal como lo advierten los funcionarios provinciales, el retiro del Estado nacional en el financiamiento de la obra pública excede a las capacidades municipales y la parálisis termina golpeando a las economías locales. 

La obra pública arrastraba una situación delicada desde finales de la gestión de Alberto Fernández, que se agravó con la llegada de Milei al poder.

Según la documentación oficial, hay 1700 obras públicas que quedaron en un porcentaje de avance físico menor al 70%, lo que pone seriamente en peligro su futuro, ya que el Gobierno de Milei planteó, como una posibilidad, solo terminar aquellas que hayan quedado por encima del 80%.
El problema no es solo que quedaron abandonados escuelas, hospitales, centros de Desarrollo Infantil, entre otras, sino que el Estado Nacional invirtió en estas obras inconclusas miles y miles de millones de pesos entre 2019 y 2023, lo que podría convertirse en plata quemada.

El ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gabriel Katopodis colocó $167 mil millones en 1700 obras que quedaron por debajo del 70%. Muchas de estas con un bajísimo porcentaje de avance físico: hay algunas que quedaron en un 10%, 20%, 30%, 40% y 50%, es decir, lejos están de terminarse.

Si se toma un tipo de cambio promedio de 2023 a $309, el Estado invirtió U$S543.583.703 en obras que podrían quedar en la nada.

Hoy esos emprendimientos no son más que enormes bloques de cemento abandonados, sin resguardo y totalmente expuestos a posibles actos de vandalismo y el deterioro natural que supone que esos elementos queden al aire libre.

El Hospital de Punta Indio es un claro ejemplo. La gestión de Alberto Fernández encaró la finalización de esta construcción que comenzó en 2012 y ningún gobierno terminó.

La obra para terminar el hospital arrancó en marzo de 2022 y debía estar lista para enero de 2024. Es decir, tendría que haber estado prácticamente terminada para cuando Milei llegara al poder. Pero no fue así.

La gestión de Alberto Fernández la dejó en un 20% de avance físico, invirtió allí $158 millones que hoy podrían perderse. El lugar es por estos días un elefante blanco sin ningún tipo de resguardo. Puede entrar y salir quien quiera e incluso el paso del tiempo ya comienza a hacer lo suyo: hay filtraciones de agua en los techos, elementos que comienzan a oxidarse y materiales que podrían ser depredados. De hecho, los vecinos denunciaron movimientos extraños y la sustracción de baldosas.

En la localidad de Moreno hay tres Centros de Desarrollo Infantil que nunca se terminaron y que debían haber estado listos para enero de 2023, es decir, varios meses antes de la asunción de Milei.

Uno de estos está ubicado en Paso del Rey. La obra comenzó en enero de 2022 y debía estar terminada un año después. Quedó en un 14% y se invirtieron allí $12 millones. La última fecha de pago fue en agosto de 2023. Lo mismo ocurrió con el CDI de Falcón Álvarez, en el que se invirtieron $17 millones, pero la construcción no avanzó más allá del 22%.

Es el mismo caso que el del barrio San Enrique. Allí prometieron hacer un CDI que iba a poder ser utilizado por los vecinos desde enero de 2023. Nada de eso pasó. Quedó en un 36% y se invirtieron casi $17 millones. Otro de los ejemplos es la escuela técnica de Berazategui, el municipio que conduce Juan José Mussi. Empezó a construirse en enero de 2023, un año después del anuncio del programa. Debía estar lista el 26 de noviembre de 2023, es decir, durante el mandato de Alberto Fernández. Quedó en un 40%. Si esta escuela no se termina, $400 millones habrán sido invertidos para nada. Lo que comúnmente en la jerga ciudadana se califica de plata quemada.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".