El paro más temido y con la presión al palo

Tanto en el gobierno como en el mundo sindical, se muerden los labios pensando en las consecuencias que tendrá la medida de fuerza. Pablo Moyano pone toda la presión y dice que faltan 4 votos para que se caiga la Ley Base. Simultáneamente, Cristina está llamando a cada uno de sus senadores para dinamitar el proyecto del oficialismo. Y el gobierno no se queda atrás y recortó en abril más del 80% de las transferencias a las provincias para que terminen de rodillas pidiendo firmar el Pacto de Mayo para recibir recursos y salir del pozo. El escenario  es una olla a presión.

En menos de seis meses de gestión, es el segundo paro contra Milei. No obstante, el Presidente renueva mes a mes el plazo fijo de la confianza y hoy está en más de un 50%de aceptación, según las encuestadoras.

Para calentar motores y mostrar su poder de fuego, el sindicalismo arrancó la semana con protestas y asambleas en los sindicatos de transporte y liberación de molinetes en el subte y como si fuera poco, salieron a la calle los movimientos sociales que también se suman al paro de la CGT por la falta de alimentos.

Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros, anticipó que “las asambleas informativas traen seguramente, demoras en los servicios". Las harán "aeronáuticos, taxistas, marítimos, portuarios, ferroviarios y seguramente muchas líneas de colectivos”.

Moyano agregó que el mensaje está destinado “a los senadores, para decirles que no aprueben la ley Bases” y “para que el gobierno entienda que este modelo económico que daña a los trabajadores y a los jubilados no va más”.

Las universidades también  pondrán su cuota de adhesión a la protesta, mientras desde la Casa Rosada juegan a minimizar los reclamos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que al Gobierno “no” le “importa lo que hagan”, aunque luego de avisar que si hay cortes de calle aplicará el "protocolo". El ministro del Interior y negociador de los votos con los gobernadores, Guillermo Francos, también había ninguneado las protestas sosteniendo que los paros de la CGT "tienen poca adhesión" y la opinión pública acompaña a Javier Milei.

En el subte, los metrodelegados abrirán los molinetes del subte en diferentes estaciones de la red, mientras que los trabajadores estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil también llevan a cabo asambleas que afectan los servicios en los aeropuertos.

“A nosotros no nos importa lo que hagan, vamos a seguir adelante con nuestro camino”, aseguró Patricia Bullrich sobre el paro. La ministra dijo que las protestas no importan, luego que la gente quiere trabajar y no la dejan, luego que aplicará el Protocolo cada vez que se interrumpa el tránsito.

“El gobierno tiene una decisión tomada y la gente lo sabe. Se aplicará el operativo antipiquetes si hay bloqueos a accesos. Garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes, corten rutas; nuestra decisión es clara”, remarcó la ministra.

Mientras tanto, la Ley Bases comenzó a ser tratada por el Senado en comisiones. Las gremios de la CGT y las CTA se oponen a la reforma laboral (que aumenta el período de prueba, elimina las multas a los empleadores que no registren a sus empleados y crea la figura del “trabajador independiente” con hasta cinco colaboradores, dando vía libre al trabajo en negro), rechazan también la reforma tributaria (por la que los sueldos volverán a tributar Ganancias), la privatización de empresas públicas (contenida en la delegación de facultades al Presidente) o su reducción y la entrega de los recursos del patrimonio (con el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que de todas las medidas contenidas en la Ley Bases es la que tiene un carácter irreversible, ya que se beneficiará con exenciones impositivas por 30 años a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares).

“El escenario es apretado”, admiten desde la Casa Rosada. No obstante, sobrevuela una moderada ilusión de acercarse en estas horas al número mágico de 37 senadores, el necesario para sancionar el proyecto, al menos en general. “Con la aprobación en general, avanzamos al 25 de mayo”, abundan las mismas fuentes oficiales.

Mientras tanto, Milei dio orden de poner en práctica la política de la zanahoria. Sabe que los gobernadores sin recursos por mucho tiempo no van a poder aguantar.

La promesa de que se liberarán fondos para obras a cambio del apoyo de los senadores a la Ley Bases empieza a resultar creíble.

La hiper centralización tributaria que oportunamente impuso Néstor Kirchner para construir su poder y quebrar a la liga de gobernadores, que había sido su plataforma de inserción en la escena política nacional, sigue dando frutos a los presidentes que se proponen consolidar su poder sin reparar en pruritos institucionalistas.

Milei sabe que la falta de recursos está ahogando a los mandatarios provinciales. Tiene en claro que la creación o la ampliación de tributos y aportes no coparticipables, como el impuesto al cheque o las retenciones a las exportaciones agropecuarias o el más reciente impuesto PAIS, que hoy sostiene los ingresos de la Nación, multiplican los problemas de los gobernadores, mientras le dan poder de fuego al erario nacional o profundizan la asimetría de la que se beneficia Milei.

La situación adquiere mayor gravedad en las provincias productivas del centro del país, que aportan mucho más de lo que reciben en concepto de coparticipación, pero en cuyos territorios Milei sigue sin tener competencia en la esfera de la dirigencia nacional.

La excepción es el superpoblado conurbano bonaerense, que sigue siendo mayoritariamente opuesto al libertario. Allí el kirchnerismo echó raíces y ahora ve a Milei como a un animal extraño que se infiltró en su ecosistema y le quitó privilegios.

Esas son las razones por las que Axel Kicillof enarbola la bandera de la resistencia y ya anticipó que pueden empezar sin él la firma del Pacto de Mayo "si es que no llega", aunque intenta complicarle a Milei el camino hacia ese destino. Junto con Cristina Kirchner, está dispuesto a jugar todas sus fichas para evitar la sanción de la Ley Bases en el Senado y ambos trabajan para eso, aunque carecen de certezas si llegarán a la meta.

En lo inmediato Kicillof y el kirchnerismo ponen buena parte de sus expectativas y esfuerzos en apoyo del paro que la CGT logre y que esperan sea lo suficientemente contundente para que no vuele una hoja en el país. Kicillof mantiene línea directa con la CGT. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa es un jugador clave en este enlace. El funcionario llegó de la mano de Máximo Kirchner al Gabinete bonaerense luego de la elección del 2021. Sin embargo hoy por hoy trabaja para que Kicillof tenga una estructura política propia que lo lleve a la conducción del espacio en el mediano plazo. Correa fue hasta su designación ministerial el secretario general del gremio de Curtidores y Secretario General de la CGT de la regional Oeste que nuclea a los municipios de Merlo, Moreno y Marcos Paz. Además formó la Corriente Federal de los Trabajadores dentro de la CGT.

Pese al disfrazado ajuste y al aumento de impuestos que está haciendo Kicillof, su situación es compleja en términos económicos y políticos. En el territorio que gobierna, la caída de la recaudación en los municipios, sobre todo en los del conurbano, está en porcentajes que van del 8 al 20%, según reconocen los intendentes. 

La  profunda recesión, junto a los aumentos de tarifas, están impactando fuertemente en ese territorio, con el agravante de que la mayoría de los economistas pronostica que será esa área una de las que más tardará en percibirse la reactivación que el Gobierno promete.

En el Gran Buenos Aires, la imagen positiva de Milei es la más baja del país, pero no ha empeorado sensiblemente en medio de la postal oscura de la situación socioeconómica por el ajuste. 

Uno de los temas más preocupantes es el poderoso cepo puesto a la obra pública nacional que afecta a provincias y municipios tanto por el deterioro que se produce en el espacio y en los servicios públicos, como por la pérdida de fuentes de trabajo por el golpe a empresas constructoras y proveedoras locales y el consecuente impacto en otras fuentes de las economías locales, que se ven resentidas.

Algunos consultores económicos revelan que “este mes se juega la situación de varias provincias. Muchas tienen certificados de obra pagados hasta junio. Después, si no hay aportes del Gobierno, se vendría la noche”.
Como se ve de lo expuesto, CGT y Gobierno juegan a quien la tiene más larga en medio de presiones de todos los colores. Falta poco para saberlo. 

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".